La administración del presidente Donald Trump duplicó la recompensa por la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro. El monto ascendió a 50 millones de dólares y busca obtener información que conduzca a su arresto. Las acusaciones federales se relacionan con narcotráfico, conspiración y narcoterrorismo, procesos abiertos desde 2020. Washington sostiene que el gobierno venezolano lidera el denominado “Cartel de los Soles” y facilita el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Donald Trump refiere un despliegue militar en el Caribe
Además de la medida judicial, el gobierno estadounidense desplegó una flota naval en el sur del Caribe. Entre los recursos movilizados se encuentran destructores, un submarino y personal de marines. La operación se presentó como parte de una estrategia antidrogas, aunque Caracas denunció que constituye una amenaza directa de cambio de régimen y un acto de presión militar.

Respuesta del gobierno venezolano
El presidente Nicolás Maduro respondió reforzando la seguridad interna. Ordenó el despliegue de 15,000 soldados en la frontera con Colombia y la movilización de una milicia bolivariana con más de 4.5 millones de integrantes. El discurso oficial calificó la recompensa y las acciones militares de Estados Unidos como propaganda e injerencia en los asuntos internos del país.
Contexto político y legal
El conflicto no se desarrolla en un litigio judicial directo entre ambos mandatarios, sino en un marco de acusaciones penales, sanciones y medidas de presión política. Al mismo tiempo, tribunales en Estados Unidos revisan decisiones relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a miles de venezolanos residentes. Aunque este tema no involucra de manera directa a Maduro, sí forma parte del contexto político que rodea la relación bilateral.
Las acciones recientes incrementan las tensiones en América Latina, especialmente en países vecinos como Colombia y México, que observan de cerca el aumento de la presencia militar estadounidense en la región. La combinación de medidas judiciales, recompensas millonarias y despliegues militares coloca la relación entre Washington y Caracas en un nuevo punto de confrontación.