La planeación de una ciudad no puede ni debe ser un ejercicio vertical ni unilateral. La Ciudad de México, con su complejidad social, económica y política, requiere de una gobernanza que no solo responda a los retos urbanos, sino que también garantice los derechos fundamentales de todas las personas.
Es en este sentido que el reciente Foro de Consulta del Plan Provisional de Gobierno de la Ciudad de México 2025-2030, encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, representa un avance sustancial hacia la construcción de un modelo de gestión basado en la inclusión y el diálogo social.
El ejercicio de consulta y participación ciudadana es un mandato constitucional y una exigencia democrática ineludible. La gobernabilidad de la capital no puede entenderse sin el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es alentador que el gobierno de Clara Brugada Molina asuma esta responsabilidad con seriedad, convocando a diversos sectores para debatir temas cruciales como el comercio en vía pública, las manifestaciones y el uso del espacio público. Sin embargo, la clave de este esfuerzo radica en su continuidad y en la efectiva incorporación de las voces ciudadanas en las políticas públicas.
Un modelo de ciudad con enfoque de derechos humanos debe trascender la retórica y traducirse en mecanismos efectivos que protejan el derecho a la ciudad. La planeación urbana debe garantizar el acceso equitativo a los servicios, la movilidad segura y el respeto a la vida comunitaria, asegurando que cada decisión tomada tenga como eje la dignidad humana. En este sentido, la perspectiva de derechos humanos no puede ser un aspecto accesorio en la gestión gubernamental, sino el principio rector que oriente la gobernabilidad.
Es especialmente significativo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, haya enfatizado la relación cotidiana entre su dependencia y la Secretaría de Gobierno. La conciliación de intereses en un espacio urbano diverso y dinámico como el nuestro es una tarea constante que demanda sensibilidad y responsabilidad política. De igual forma, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha reconocido la importancia de este tipo de instrumentos de participación ciudadana, subrayando la necesidad de darles continuidad y reforzar la institucionalidad que los sustenta.
No podemos dejar de lado que la construcción de una ciudad más justa e incluyente también requiere de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas.
Es imperativo que la planeación de la ciudad no se limite a la administración gubernamental. La articulación entre sociedad civil, sector privado y gobierno es indispensable para construir soluciones sostenibles y equitativas. Las dinámicas de la capital exigen un modelo de participación que no solo escuche a la ciudadanía, sino que garantice que sus aportes sean vinculantes y reflejados en las políticas públicas.
El reto ahora es pasar de la consulta a la acción efectiva. No basta con abrir espacios de diálogo si las propuestas no se traducen en estrategias concretas con presupuestos y cronogramas claros.
El gobierno de la ciudad tiene la oportunidad histórica de consolidar un modelo de gestión donde el enfoque de derechos humanos no sea un simple ideal, sino una realidad tangible en la vida de quienes habitamos y transitamos la capital. La ciudad no solo se gobierna, se construye colectivamente.
Mtro. Aarón Garduño Jiménez
Maestro en Criminología, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, con formación complementaria en Derechos Humanos, Políticas
Públicas y Presupuesto,Protección de Datos Personales y Derecho Penal. Actual Director General de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.
@_AaronGJ
