La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su inconformidad por la falta de comunicación y coordinación entre el gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al proceso judicial que enfrenta Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las declaraciones de la mandataria surgen luego de que se diera a conocer un acuerdo de culpabilidad firmado por Guzmán con las autoridades estadounidenses.
Sheinbaum cuestiona falta de información a México
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que la captura de Ovidio Guzmán fue realizada por fuerzas mexicanas en enero de 2023, en un operativo que dejó varios militares fallecidos. En ese sentido, afirmó que al tratarse de una extradición derivada de acciones del Estado mexicano, las autoridades de Estados Unidos debieron informar a la FGR sobre los términos del acuerdo alcanzado.
Subrayó que, a pesar de que el caso ya se encuentra en manos del sistema judicial de Estados Unidos, debe existir respeto institucional y comunicación bilateral. Señaló que no se puede permitir que el país que promovió la extradición mantenga en reserva un pacto judicial con un miembro de alto perfil del Cártel de Sinaloa.
La presidenta planteó cuestionamientos sobre la postura de Estados Unidos en el combate al crimen organizado, especialmente tras haber calificado a ciertos grupos delictivos como organizaciones terroristas, y ahora entrar en negociaciones con sus integrantes.
El acuerdo de Ovidio Guzmán con autoridades estadounidenses
Ovidio Guzmán López firmó su intención de declararse culpable en una corte federal de Chicago, como parte de un acuerdo judicial que incluye la retirada de los cargos en Nueva York y la centralización del caso en el Distrito Norte de Illinois. La audiencia de formalización está prevista para el 9 de julio de 2025, fecha en la que se espera que Guzmán ratifique su cooperación con las autoridades estadounidenses.
Dentro del marco del acuerdo, se contempla la colaboración de Guzmán con fiscales estadounidenses, quienes buscarían obtener información clave sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa. También se reportó el traslado de al menos 17 familiares cercanos del acusado a territorio estadounidense, como parte de una posible estrategia de protección vinculada al caso.
