En su segundo mandato, Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias con una serie de acciones que combinan sanciones económicas, endurecimiento de leyes y nuevas restricciones al ingreso y permanencia de migrantes. Las medidas se centran en disuadir la migración irregular mediante castigos financieros, ampliación de las deportaciones y limitación de derechos previamente garantizados.
Una de las acciones más polémicas implementadas por Donald Trump es la imposición de multas de hasta 998 dólares diarios a personas con órdenes definitivas de deportación. Estas sanciones, aplicadas de forma retroactiva por hasta cinco años, han generado montos de hasta 1.8 millones de dólares en casos individuales, incluso entre migrantes sin ingresos estables.
Trump y las deportaciones
El gobierno evalúa eliminar el periodo de gracia que permite a los migrantes salir voluntariamente del país antes de recibir una sanción, lo que abriría la puerta a multas inmediatas, incautaciones de bienes y nuevas formas de presión económica.
Donald Trump también ha promovido deportaciones a países con los que los migrantes no tienen vínculos directos, como parte de una estrategia más agresiva de expulsión. La Corte Suprema validó esta medida, permitiendo enviar personas a naciones como Sudán del Sur, incluso si no son sus países de origen.
Además, se utilizaron disposiciones legales como la Alien Enemies Act para justificar la expulsión de migrantes acusados de tener nexos con pandillas, lo cual ha generado preocupaciones legales y humanitarias.
Nuevas restricciones impulsadas por Donald Trump
En materia legal, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, que redefine el derecho de ciudadanía por nacimiento. A partir de esta disposición, solo podrán adquirir la nacionalidad estadounidense quienes nazcan de al menos un padre ciudadano o residente legal. Esta medida enfrenta actualmente una batalla legal en tribunales federales.
Un juez federal bloqueó la medida con la que Trump intentó limitar el acceso al asilo en la frontera sur, al considerarla una extralimitación de sus funciones. El caso sigue su curso en las cortes.
Donald Trump también impulsó la Ley Laken Riley, que permite al Departamento de Seguridad Nacional detener a inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos y faculta a los estados para demandar al gobierno federal si consideran que no se ha evitado el ingreso de personas peligrosas.
Entre otras acciones, se anunció la posible habilitación del centro de detención de Guantánamo para albergar migrantes, así como la eliminación de restricciones que impedían realizar arrestos en escuelas, hospitales o iglesias. También se ha implementado un sistema de monitoreo en redes sociales para detectar opiniones políticas que podrían ser utilizadas como base para negar o revocar visas.
