La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, una reforma clave impulsada por el gobierno federal que redefine la estructura, funciones y atribuciones de esta corporación de seguridad. El dictamen forma parte del paquete de reformas prioritarias para el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalece la integración de la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La ley establece un marco jurídico más sólido para el funcionamiento de esta misma. Entre los puntos más destacados se encuentra la consolidación de sus facultades operativas, su alineación con los protocolos del Ejército y la regulación de su régimen interno, incluyendo aspectos disciplinarios, administrativos y de formación.
Guardia Nacional: estructura y rumbo
Asimismo, se ratifica su papel como fuerza de seguridad de alcance nacional, con capacidad para coordinarse con fiscalías, policías estatales y municipales, bajo lineamientos estandarizados y mandos jerárquicos definidos.
Uno de los puntos más discutidos del dictamen es la incorporación de la licencia especial, que permite a los elementos activos de la Guardia Nacional separarse temporalmente de su cargo para participar en procesos electorales. El mecanismo ya existía para el Ejército desde la década de 1980 y ahora se extiende a la Guardia Nacional, con el objetivo de armonizar derechos políticos entre las distintas fuerzas armadas del país.
Postura de Claudia Sheinbaum
Durante la conferencia matutina del 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma y afirmó que no se trata de una medida nueva, sino de una adecuación constitucional ya contemplada en el marco legal vigente desde 1917. La mandataria señaló que existen cuatro tipos de licencias (ordinaria, ilimitada, especial y por edad límite) y rechazó las críticas que acusan un intento de militarización o uso político de la Guardia Nacional.
El gobierno federal creó la Guardia Nacional en 2019 para responder a la crisis de violencia y fortalecer la presencia institucional en todo el territorio nacional. Desde 2022, su operación se ha coordinado progresivamente con la SEDENA. La nueva ley refuerza esa dirección y garantiza que la corporación cuente con bases legales actualizadas para su funcionamiento.
