Columna de Aarón Garduño Jiménez, actual Director General de la IESIDH
Hace diecisiete años, la Ciudad de México vivió una de las tragedias más emblemáticas en materia de violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado: el operativo policial en la discoteca New’s Divine dejó un saldo de 12 personas jóvenes fallecidas y decenas de familias marcadas por el dolor, la impunidad y la negligencia institucional.
Hoy, a más de una década de distancia, el caso sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de esta ciudad. Pero también representa un punto de inflexión, un antes y un después en la forma en que concebimos la protección de las juventudes, la actuación de las fuerzas del orden y el deber del Estado de garantizar entornos seguros, dignos y libres de criminalización.
La tragedia del New’s Divine no fue un accidente. Fue el resultado de la actuación desproporcionada y descoordinada de instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de las entonces autoridades delegacionales, de la ausencia de protocolos adecuados, de la omisión sistemática de medidas de protección civil y, sobre todo, de una lógica institucional que históricamente ha estigmatizado a la juventud, especialmente en contextos de exclusión social.
En respuesta a estos hechos, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 11/2008, dirigida a diversas autoridades locales. Este instrumento marcó un hito al proponer un enfoque de reparación integral que no sólo implicaba indemnizaciones, sino también medidas de justicia, reformas estructurales y acciones simbólicas orientadas a la memoria y la dignificación de las víctimas.
El cumplimiento progresivo de esta recomendación ha sentado las bases de una política pública con enfoque de derechos humanos. Uno de sus logros más significativos es el Memorial New’s Divine “Nunca Más”, no solo como espacio de recuerdo, sino como centro activo de formación, cultura y prevención. Su resignificación —gracias al impulso de madres, padres y colectivos— ha transformado un lugar de tragedia en un territorio para la vida, donde se imparten talleres, se promueven derechos y se construye comunidad.
Preservar este tipo de espacios no es un gesto simbólico: es una necesidad ética y política. Los memoriales, cuando son sostenidos por el Estado y la sociedad, actúan como barreras vivas contra el olvido. Son recordatorios permanentes de lo que no puede volver a ocurrir. Son, en sí mismos, políticas de no repetición.
También implicó un cambio en la verificación administrativa y medidas de protección civil en establecimientos mercantiles que congregaron aforos considerables; asimismo se obligó a constituir una política de seguridad policial y ministerial especializada con procedimientos específicos para intervenir teniendo como ejes el respeto a los derechos humanos.
Es importante referir que dicho suceso impuso la necesidad de replantear las políticas públicas de la Ciudad para dar voz y espacio a las juventudes, para brindar mayores oportunidades educativas, culturales, de expresión libres de criminalización y estereotipos por su rango etario.
Actualmente, el Gobierno de la Ciudad ha desarrollado iniciativas como ALDEA Juvenil, que apuesta por la autonomía, el acompañamiento psicoemocional y el acceso efectivo a oportunidades para personas jóvenes. También ha fortalecido los marcos normativos con protocolos de actuación policial con perspectiva de derechos humanos y ha avanzado en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública.
Sin embargo, aún quedan desafíos: garantizar que estos compromisos se traduzcan en acciones permanentes, institucionalizadas y no sujetas a cambios de administración o coyunturas políticas. La política de no repetición exige continuidad, recursos, voluntad y, sobre todo, coherencia.
Hoy más que nunca, afirmar “Nunca más un New’s Divine” implica la oportunidad de fortalecer una política pública orientada a la prevención, el cuidado y el reconocimiento pleno de los derechos de las juventudes. Es una invitación a consolidar acciones sostenidas que pongan la memoria en el centro de la vida democrática, como una herramienta activa para transformar realidades, construir entornos seguros y garantizar que la dignidad humana sea siempre el principio rector del actuar institucional.
Porque olvidar es repetir. Y en esta ciudad, la memoria es también una forma de justicia.
Mtro. Aarón Garduño Jiménez
@_AaronGJ
Maestro en Criminología, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, con formación complementaria en Derechos Humanos, Políticas
Públicas y Presupuesto,Protección de Datos Personales y Derecho Penal. Actual Director General de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.
