Por Aarón Garduño Jiménez
Hace casi 50 años se proclamó la Declaración Universal De Los Derechos Del Animal, si bien no fue adoptada por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se ha convertido en un referente ético personal e institucional para algunos Estados.
En dicha declaración, se establece que el abandono de un animal es un acto cruel y degradante; que ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles; que tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre entre otras directrices ético morales.
El reciente caso del Refugio Franciscano ha puesto en el centro del debate público un tema sensible y prioritario para la Ciudad de México: el bienestar animal y la responsabilidad compartida para garantizarlo.
Más allá de la controversia inicial, es importante reconocer los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de la Ciudad y las personas responsables del refugio, los cuales representan avances concretos en la protección de los animales y en la construcción de soluciones institucionales.
Uno de los puntos más relevantes es el compromiso explícito de no criminalizar la labor de rescate y cuidado animal. Este acuerdo marca una diferencia sustantiva frente a enfoques punitivos que, lejos de resolver los problemas de fondo, suelen inhibir la participación comunitaria.
Las investigaciones continuarán por las vías legales correspondientes, pero con la garantía de que cuidar vidas no será motivo de persecución ni encarcelamiento. Este principio es coherente con una política pública que prioriza la prevención, la supervisión y el acompañamiento.
En materia de bienestar animal, se estableció la fiscalización directa de las condiciones en las que se encuentran los perros y gatos que fueron trasladados a instalaciones gubernamentales.
La realización de un censo y el seguimiento permanente permiten asegurar que los animales estén debidamente identificados, atendidos y protegidos, y que exista transparencia sobre su estado de salud y resguardo.
Otro acuerdo relevante es la garantía de que el predio donde operaba el refugio no será destinado a desarrollos inmobiliarios. Esta definición brinda certeza jurídica y social, y evita que el conflicto derive en especulación o en decisiones contrarias al interés público.
Asimismo, la apertura de mesas de trabajo con rescatistas, refugios y organizaciones especializadas sienta las bases para avanzar hacia una normatividad clara y progresista en materia de protección animal en la ciudad.
Estos acuerdos reflejan una visión institucional que reconoce el valor del cuidado comunitario, la necesidad de reglas claras y la obligación del Estado de proteger a los animales como seres sintientes.
En este contexto, resulta indispensable que la discusión pública se sostenga en información verificada. La difusión de noticias falsas o versiones incompletas no solo distorsiona la realidad, sino que puede afectar directamente a los animales y a las personas involucradas. La ciudadanía merece conocer los acuerdos tal como son y evaluar su cumplimiento con base en hechos.
El debate no es acerca de quien tiene la razón histórica o jurídica, si no en que lugar se garantizar las mejores condiciones de salud física y emocional de los animales, en donde se puede gestionar su estadía con la mayor transparencia y condiciones salubres y el punto toral, como incidimos para a futuro para este y otros caos que se presenten.
Los compromisos asumidos no agotan el tema, pero sí constituyen un paso firme hacia una política de bienestar animal más sólida, transparente y corresponsable.
Dar seguimiento a su implementación y fortalecer estos avances será clave para consolidar una ciudad que protege la vida en todas sus formas.
Mtro. Aarón Garduño Jiménez
@_AaronGJ
Maestro en Criminología, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, con formación complementaria en Derechos Humanos, Políticas
Públicas y Presupuesto,Protección de Datos Personales y Derecho Penal. Actual Director General de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos
