La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron postergar por 90 días la entrada en vigor de nuevos aranceles del 30 % a exportaciones mexicanas. El acuerdo se concretó durante una llamada entre ambos mandatarios el 31 de julio de 2025, apenas horas antes de que se activara el incremento programado para el 1 de agosto.
Aranceles vigentes y excepciones
Actualmente, Estados Unidos mantiene aranceles del 25 % sobre automóviles, así como del 50 % sobre metales como acero, aluminio y cobre. También impone tarifas adicionales a productos vinculados a la crisis del fentanilo. Estos aranceles se mantienen vigentes a pesar de la prórroga, pero el nuevo incremento quedó diferido por tres meses.
La postergación aplica únicamente a las exportaciones mexicanas que cumplen con los criterios de origen establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con autoridades mexicanas, cerca del 85 % de las exportaciones nacionales se benefician de estas exenciones.
Sheinbaum: un acuerdo comercial de largo plazo
La prórroga de 90 días busca generar condiciones para alcanzar un acuerdo comercial más amplio y duradero. Según lo informado por la Presidencia de México, el diálogo bilateral con Estados Unidos continúa activo y enfocado en preservar las cadenas de suministro, evitar disrupciones y fortalecer la cooperación económica.
Contexto de las medidas arancelarias
Desde febrero de 2025, el gobierno estadounidense anunció aumentos arancelarios sobre países socios del T-MEC como parte de su nueva política comercial. Sin embargo, las negociaciones entre Sheinbaum, Trump y otros líderes regionales han derivado en múltiples extensiones temporales. Esta es la segunda ocasión en el año en que México logra aplazar la entrada en vigor de nuevos aranceles, luego de una postergación inicial acordada en marzo.
El aplazamiento fue recibido como una medida estratégica que permite continuar las negociaciones sin alterar de inmediato el flujo comercial entre ambos países. Durante los próximos 90 días, ambos gobiernos trabajarán para definir mecanismos que eviten afectaciones a las exportaciones mexicanas y refuercen el marco normativo que rige el comercio bilateral.
