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    Sheinbaum exige pruebas por acusaciones de lavado de dinero

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señalaron a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al tráfico de precursores químicos.

    El gobierno estadounidense declaró a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades de «preocupación principal en materia de lavado de dinero». Las acusaciones se basan en presuntas transferencias internacionales hacia empresas chinas involucradas en el suministro de sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo.

    Estas sanciones, emitidas bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, impiden a instituciones financieras estadounidenses mantener relaciones con los bancos señalados. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, dichas entidades habrían facilitado operaciones para organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

    Sheinbaum: “No hay pruebas, solo dichos”

    Durante la conferencia presidencial del 26 de junio, Sheinbaum afirmó que hasta el momento no se han recibido pruebas concluyentes que respalden las acusaciones del gobierno estadounidense. La presidenta explicó que las transacciones detectadas por las autoridades de ese país forman parte del comercio legal entre México y China, y que no constituyen evidencia suficiente para asumir la existencia de delitos financieros.

    Agregó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado procesos de revisión por posibles irregularidades administrativas en las entidades mencionadas, aunque enfatizó que esas revisiones no implican necesariamente lavado de dinero.

    Investigación interna continúa en México

    La mandataria indicó México está dispuesto a colaborar en el combate al crimen financiero internacional, pero subrayó que lo hará bajo principios de soberanía y reciprocidad. Señaló que no se aceptarán imposiciones sin sustento legal, y solicitó de manera formal que el Departamento del Tesoro entregue la documentación que respalde sus señalamientos.

    La presidenta también destacó que las acciones del gobierno mexicano serán tomadas conforme a la ley solo si existen pruebas claras, ya que no se puede actuar por especulaciones o sin debido proceso.

    Las tres instituciones financieras continúan operando bajo supervisión de las autoridades mexicanas, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Los análisis se centran en determinar si existieron faltas regulatorias que puedan derivar en sanciones administrativas o legales.

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