El pasado 5 de febrero del 2024, el Presidente de la República presentó su denominado “Plan C” relativo a la Reforma Judicial, entre otras reformas, la cual consiste en lo medular en que todos los Jueces Federales del país puedan ser votados por el común de la ciudadanía mediante elecciones democráticas.
Luego, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el pasado 16 de agosto del 2024, le hizo algunos ajustes a dicha propuesta que aunque en el fondo nada cambió respecto de la elección popular de jueces, si la complicó más por lo que hace al procedimiento en cómo serán electos estos; por lo que dicha propuesta se prevé que sea votada en definitiva por el Pleno de la Cámara de Diputados (por la nueva legislatura) en el mes de septiembre del 2024, es decir, durante el último mes de encargo del Presidente.
Así que por lo anterior, podemos decir que la propuesta versa sobre algo nunca antes visto ni practicado en la era moderna del país; esto es, que Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados del Tribunal Federal Electoral, Magistrados Federales de Circuito y Jueces Federales, pertenecientes todos ellos al Poder Judicial Federal, resulten de ahora en adelante del poder del voto popular al igual que ocurre con el titular del Poder Ejecutivo (El Presidente) y las y los integrantes del Poder Legislativo (Diputados y Senadores).
Lo que significa en los hechos de llegar a concretarse, que ello sería un cambio radical en la forma en como los integrantes del Poder Judicial se han designado por años, al menos desde la vigencia de la Constitución de 1917 que actualmente rige nuestro sistema político.
Y es que en el sistema actual los Ministros de la Suprema Corte son propuestos por el Presidente de la República, votados y aprobados por el Senado (art:76 frac. VIII y 96 Constitucional), los Magistrados del Tribunal Federal Electoral son propuestos por la Suprema Corte, votados y aprobados por el Senado (art:99 Constitucional), mientras que los Magistrados Federales de Circuito y Jueces Federales pertenecen a la denominada carrera judicial, lo que significa que estos son designados por la Judicatura Federal mediante concursos internos del propio Poder Judicial Federal derivado de sus capacidades y competencias profesionales (art:97 Constitucional).
Luego entonces, lo que se busca con la reforma es que lo anterior se cancele bajo el argumento falaz de que todos en ese poder son corruptos y que entonces ahora dichos Jueces Federales sean votados popularmente bajo responsabilidad de la ciudadanía.
Sin embargo llama la atención que la reforma no ataca como tal la corrupción que se denuncia, es decir, no demuestra ni textualmente ni teóricamente como es que la elección de jueces bajo dicha modalidad va eliminar la supuesta corrupción de tajo y/o la serie de vicios que hay en los tribunales para mejorar la impartición de justicia, sobre todo la corrupción que se da en los Tribunales de índole local; aunado que mucho menos ataca el verdadero problema en el sistema de administración de justicia que son los Ministerios Públicos de todo el país que en materia penal provocan una alta impunidad al no perseguir los delitos que se les denuncian, y que si los persiguen y consignan, muchas veces son revocadas sus resoluciones por su ineficiencia e ineptitud a la hora de investigar los delitos por no reunir requisitos de legalidad.
Por lo que vale la pena preguntarse, ¿en verdad queremos jueces electos bajo dicha formula?. Cuando dicha propuesta no nos dice ni acredita, ¿Cómo es que la votación de los mismos por la ciudadanía, nos dará o significará una mejor calidad en la impartición de justicia?, o bien, ¿Para qué queremos jueces electos si la reforma no les está dando las herramientas para mejorar la justicia en México?. Y entonces el resultado será el mismo al actual, sin considerar que ahora los nuevos jueces nos costarán a los mexicanos un dineral su elección periódica.
Así que creo que por esa fórmula como tal no votó la mayoría de mexicanos, porque si el resultado va ser el mismo que lo que ahora tenemos, lo peor de todo es que ahora los nuevos jueces que llegarán por elección, no se vislumbra que sean de gran calidad y experiencia y menos cuando la reforma por ejemplo señala, que el requisito para ser Juez Federal es, que sus calificaciones al menos sean de 8 puntos, que presenten un ensayo de 3 cuartillas, y que cuenten con 5 cartas de recomendación de sus vecinos al momento de inscribirse en la convocatoria para jueces, y obviamente el título de Licenciado en Derecho, pero increíblemente, “sin la exigencia de que acrediten experiencia o practica alguna”. Es decir, por ejemplo los jóvenes recién egresados de la facultad sin experiencia, sin conocer como funciona un Tribunal, o como formular una Sentencia, si cumplen con los requisitos pueden ser Jueces Federales si ganan su elección, o lo mismo Abogados mañosos trinqueteros ya mayores que en la vida hayan pisado un juzgado o hayan trabajado en tribunales y que por ende no cuenten con experiencia judicial alguna, también podrán ser jueces si ganan la elección.
Así que como lo oyen, para ser Juez Federal en la propuesta de reforma ajustada por Diputados no se exige experiencia judicial y entonces todos los Abogados que gusten y manden podrán registrarse para competir en elecciones por un jugoso cargo, como hacen los ciudadanos que quieren ser Diputados. Por lo que, en conclusión, aprobada la reforma, ¿vamos a poner nuestra seguridad jurídica, libertad o el patrimonio en manos de nuevos Jueces Federales electos por el pueblo sin experiencia judicial alguna?
Serán terribles las consecuencias, pero bueno eso se ofrece en la nueva reforma Judicial del Presidente con tal de deshacerse abruptamente del total de jueces actuales a quienes tacha de corruptos.
Veremos qué pasa en el próximo mes de septiembre, si radicalmente cambia nuestro sistema de administración de justicia, o si hay alguna reconsideración del próximo gobierno a cargo de la Dra. Sheimbaum para detener dicha reforma y entonces presentar una buena Reforma Judicial que si ataque verdaderamente las fallas de los Tribunales, que si mejore la administración de justicia en favor de la ciudadanía, pero que lo más importante, ataque la impunidad penal provocada por los Ministerios Públicos en el sistema de procuración de justicia y sus Fiscalías.
Mtro. Luis Ricardo Galguera Bolaños
Especialista en Derecho Electoral
LosReyesDelAmparo.com
@luirigal
