- Grupos pro vapeo, activistas de derechos humanos y colectivos en favor de las libertades alertaron las consecuencias negativas de prohibir en lugar de regular.
El hashtag #MéxicoEnLibertad, esta tarde se convirtió en tendencia en la red social X, reflejando el creciente descontento de diversos sectores de la sociedad ante las nuevas medidas punitivas y prohibicionistas que se pretenden implementar en México a nivel constitucional.
Uno de los grupos más activos en esta conversación digital fue el de los defensores del vapeo y de las alternativas al tabaco. Estos usuarios han criticado las posibles prohibiciones, argumentando que los vapeadores representan una opción menos dañina en comparación con los cigarrillos tradicionales, al reducir la exposición a sustancias tóxicas.
Además, han señalado que la prohibición de estos productos solo ha fortalecido el mercado negro, permitiendo que el crimen organizado controle la distribución a través del contrabando. La falta de una regulación adecuada, han advertido, no solo pone en riesgo la salud de los consumidores al dificultar el control de calidad, sino que también ha facilitado el acceso de estos productos a menores de edad, lo que agrava el problema en lugar de solucionarlo.
Otro tema que resonó en la red social fue la discusión sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, una medida que ha generado preocupación por su impacto en los derechos humanos. Los críticos han señalado que esta medida podría ser una violación al derecho fundamental de la presunción de inocencia, pues permite que personas sean encarceladas sin un juicio previo, contradiciendo el principio de que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Además, la prisión preventiva oficiosa ha contribuido a la sobrepoblación en las cárceles, donde las condiciones de vida, ya de por sí difíciles, se agravan aún más, afectando tanto a los reclusos como al personal penitenciario.
Esta política, según los usuarios, también tiene un impacto económico y social devastador, pues muchas personas pierden sus empleos y sus familias enfrentan graves dificultades económicas, sin mencionar el estigma social que acompaña a la prisión, incluso cuando se es inocente.
Junto a estos grupos, también se hicieron escuchar las voces a favor de la libertad de consumo de marihuana, quienes han abogado por una regulación adecuada en lugar de medidas punitivas. Estos usuarios han argumentado que ampliar la prisión preventiva oficiosa a consumidores de sustancias adictivas equivale a criminalizar a personas que necesitan tratamiento, no castigo.
Esta criminalización, según los defensores, refuerza el estigma asociado a la adicción y disuade a quienes necesitan ayuda de buscarla, perpetuando un círculo vicioso de marginación y exclusión.
El hashtag capturó así la preocupación de diversos sectores de la sociedad ante un panorama que consideran restrictivo y punitivo, planteando un debate necesario sobre las libertades individuales, los derechos humanos y el papel del Estado en la regulación de conductas sociales.
